La Guardia Civil de Tráfico está harta de que les quiten la productividad si no multan mucho: "No premian el auxilio"
Una denuncia suma 5 puntos, mientras que un auxilio informativo solo suma 0,10 puntos. No sería una comisión directa por multa, pero sí un sistema que, según critican, incentiva más sancionar que ayudar o prevenir.
La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil vuelve a situarse en el centro del debate por las condiciones en las que sus agentes prestan servicio en carretera. La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil, conocida como IGC, ha denunciado el deterioro de un destino que durante años fue uno de los más atractivos dentro de la Benemérita y que, según su valoración, atraviesa ahora sus “horas más bajas” desde su creación.
La queja no se limita a una cuestión laboral. Los agentes reclaman al Gobierno más medios para garantizar su propia seguridad durante la patrulla, incluidos cascos nuevos, chalecos con airbag y material actualizado para trabajar en motocicleta o en carretera con unas mínimas garantías. En paralelo, la asociación denuncia una pérdida de efectivos, la escasez de determinados controles preventivos y un modelo interno de productividad que, según sostiene, pesa más sobre la actividad sancionadora que sobre la labor de auxilio al conductor.
Embed sugerido: publicación o vídeo con imágenes de agentes de la Guardia Civil de Tráfico patrullando en motocicleta, controles de carretera o medios de protección utilizados durante el servicio.
Una unidad que ha perdido atractivo
Durante años, formar parte de la Agrupación de Tráfico era una aspiración para muchos agentes. El trabajo en carretera, el contacto directo con los conductores y el papel de auxilio en accidentes o incidencias convertían este destino en una unidad con prestigio interno.
Sin embargo, la denuncia de IGC apunta a un cambio profundo. La asociación sostiene que el deterioro de medios, la falta de reposición de efectivos y la sensación de abandono han cambiado la percepción sobre este destino. Lo que antes era una plaza deseada, ahora aparece descrita como una unidad tensionada, envejecida en recursos y cada vez menos atractiva para los nuevos guardias civiles.
La crítica al peso de las sanciones
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia está en el sistema de productividad. Según explica la asociación, el complemento que reciben los agentes depende del criterio del jefe de unidad y se calcula mediante un baremo numérico conocido como RAI, una ficha de indicadores del rendimiento individual.
El problema, según IGC, está en cómo se ponderan esas actuaciones. Una denuncia de tráfico suma cinco puntos, mientras que un auxilio informativo apenas representa 0,10 puntos. Esa diferencia alimenta la crítica de los agentes, que consideran que el sistema premia de forma desproporcionada la actividad sancionadora frente a otras funciones esenciales, como asistir a conductores, informar, prevenir riesgos o actuar ante incidencias en carretera.
El plus señalado asciende a 113,70 euros, una cantidad modesta en términos salariales, pero con un peso simbólico importante: para los representantes de los agentes, refleja una prioridad equivocada dentro del modelo de trabajo.
Radares operativos y patrullas paradas
La asociación también pone el foco en el contraste entre el funcionamiento de los medios destinados a controlar infracciones y la situación de otros recursos de patrulla. Según denuncia, los radares fijos y móviles se mantienen en excelente estado operativo, al considerarse piezas imprescindibles del servicio diario.
En cambio, algunas motocicletas de patrulla, incluso unidades nuevas y equipadas, permanecen paradas en determinados casos. La crítica de fondo es clara: para los agentes, hay medios que parecen mantenerse siempre disponibles cuando se trata de sancionar, mientras que otros recursos vinculados a la presencia efectiva en carretera o a la seguridad del patrullero no reciben la misma atención.
La falta de test de drogas preocupa a los agentes
Otro elemento destacado en la denuncia es la reducción de los test de drogas realizados. Según los datos citados por la asociación, en julio de 2021 se realizaron alrededor de 10.000 pruebas, mientras que en julio de 2022 la cifra cayó a unas 4.000.
La bajada preocupa especialmente porque el consumo de drogas al volante es uno de los factores de riesgo más graves en la siniestralidad vial. Para los agentes, contar con menos pruebas implica reducir la capacidad preventiva en un momento en el que la seguridad en carretera exige más control, no menos.
Siniestralidad al alza y menos efectivos
La denuncia se produce en un contexto especialmente delicado. Según la información aportada, la siniestralidad en carretera aumentaba un 12 % en octubre de 2022. Ese repunte añade presión a una unidad que, además, habría reducido de forma significativa su plantilla.
La asociación señala que la Guardia Civil de Tráfico ha pasado de unos 10.000 miembros a cerca de 8.000, debido a que no se habrían cubierto adecuadamente las bajas con los correspondientes reemplazos. Menos agentes para más exigencias operativas significa, en la práctica, más carga de trabajo y menor capacidad de presencia en carretera.
Material caducado, roto o pagado por los propios agentes
La parte más dura de la denuncia afecta directamente a la seguridad individual de los guardias civiles. IGC asegura que algunos agentes se ven obligados a utilizar material caducado, estropeado o insuficiente. En algunos casos, según sostiene, incluso recurren a comprar equipamiento por su cuenta o a pedirlo prestado.
De ahí que la reclamación incluya elementos muy concretos: cascos nuevos, chalecos con airbag y medios de protección actualizados para reducir los riesgos de quienes patrullan en motocicleta o trabajan expuestos al tráfico.
La respuesta del Gobierno citada por la asociación tampoco ha rebajado la polémica. Ante una pregunta parlamentaria de diputadas del PP, el Ejecutivo llegó a señalar que los agentes que no dispusieran de casco por razones logísticas podían realizar sus servicios en vehículos de cuatro ruedas. Para los representantes de los agentes, esa contestación no resuelve el problema de fondo: la falta de equipamiento adecuado para prestar el servicio con normalidad.
Una denuncia que golpea el corazón de la seguridad vial
El malestar de la Agrupación de Tráfico va más allá de una reivindicación corporativa. La carretera es uno de los espacios más expuestos para cualquier agente: accidentes, vehículos detenidos en arcenes, persecuciones, controles nocturnos, condiciones meteorológicas adversas y riesgo constante de atropello.
Por eso, la reclamación de más medios tiene una dimensión doble. Afecta a la protección de los propios guardias civiles, pero también a la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. Menos efectivos, menos pruebas preventivas, motocicletas paradas y material deteriorado forman una combinación difícil de sostener cuando la siniestralidad repunta.
La denuncia de IGC deja una pregunta incómoda sobre la mesa: si la seguridad vial es una prioridad pública, ¿por qué quienes deben garantizarla en carretera aseguran no disponer de medios suficientes para protegerse a sí mismos?