DGT

A Pere Navarro se le va la "olla" y llama "chivatos" a los que se quejan de la baliza V-16

Pere Navarro jugando con el merchandising de la Guardia Civil. Foto generada por IA.

La baliza V16 vuelve a incendiar el debate político. Lo que nació como un dispositivo de seguridad para sustituir a los triángulos de emergencia se ha convertido en uno de los asuntos más incómodos para la Dirección General de Tráfico. Dudas legales, críticas por el coste, dispositivos retirados del listado oficial, quejas de usuarios y ahora una denuncia ante Bruselas han colocado a la V16 en el centro de una batalla que ya no es solo técnica, sino también política.

El último episodio se vivió en el Congreso de los Diputados, durante la comparecencia de Pere Navarro en la Comisión sobre Seguridad Vial. El director general de Tráfico volvió a defender el dispositivo con firmeza y dejó claro que la DGT no contempla una retirada ni una marcha atrás. Según recogieron varios medios, Navarro fue tajante al afirmar que la V16 “ha venido para quedarse”.

Pero la frase que más ruido ha generado no fue esa. Fue su reproche al Partido Popular por haber llevado sus quejas a la Comisión Europea sin consultar antes con la DGT. Navarro calificó ese movimiento de “chivato”, una palabra poco habitual en una comparecencia parlamentaria y que resume el nivel de tensión que rodea ya a la baliza.

La denuncia ante Bruselas que encendió a Navarro

El choque con el PP llegó por la denuncia presentada ante Bruselas sobre la implantación de la V16. La oposición sostiene que España podría no haber cumplido correctamente con los requisitos de notificación exigidos por la normativa europea antes de imponer este dispositivo. También cuestiona que la obligación afecte únicamente a vehículos matriculados en España, lo que, según su planteamiento, podría generar una situación discriminatoria dentro del mercado europeo.

Para Navarro, la crítica no está solo en el contenido de la denuncia, sino en la forma. El responsable de Tráfico reprochó que se acudiera a Bruselas sin haber hablado previamente con el organismo competente en España. A su juicio, esa actuación habría contribuido a generar incertidumbre y a frenar las ventas del dispositivo.

El fondo del debate es evidente: la V16 ya no se discute únicamente como elemento de seguridad vial, sino como una medida obligatoria que afecta al bolsillo de millones de conductores y que abre interrogantes sobre competencia, homologaciones, contratos públicos y claridad normativa.

La DGT insiste: la V16 sustituye definitivamente a los triángulos

La posición oficial de Tráfico no ha cambiado. La DGT recuerda que la V16 conectada es el único dispositivo legal de preseñalización de peligro desde el 1 de enero de 2026. Sustituye a los triángulos y debe utilizarse para señalizar un vehículo inmovilizado por avería o accidente.

El argumento central de la DGT es la seguridad. Con los triángulos, el conductor debía bajarse del coche, caminar por el arcén y colocarlos a cierta distancia. Con la V16, basta con sacar la baliza, activarla y colocarla preferiblemente en el techo del vehículo, sin exponerse tanto al tráfico.

La baliza emite una luz amarilla visible en 360 grados durante al menos 30 minutos y, cuando se activa, transmite la ubicación del vehículo inmovilizado a la plataforma DGT 3.0. Esa información permite avisar de forma virtual a otros usuarios a través del ecosistema de tráfico conectado.

El dato de los atropellos, el gran argumento de Tráfico

Navarro defendió que la V16 ofrece ventajas frente al sistema anterior porque evita que el conductor tenga que caminar por el arcén. La DGT ha señalado en sus comunicaciones que cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera tras haber bajado del vehículo, muchas de ellas en situaciones relacionadas con averías o señalización de emergencia.

En la comparecencia, según la información publicada, también se citó la cifra de 159 muertes por atropello entre 2018 y 2024 en este contexto de exposición fuera del vehículo. Esa cifra fue utilizada para reforzar la idea de que el cambio no responde a una ocurrencia administrativa, sino a una estrategia para reducir riesgos en carretera.

La lógica de Tráfico es clara: si el conductor no baja del coche, se reduce la posibilidad de que sea atropellado.

El PP critica el coste y la gestión del dispositivo

Desde el Partido Popular, las críticas van en varias direcciones. Por un lado, cuestionan el impacto económico para los conductores, obligados a comprar un nuevo dispositivo. Por otro, apuntan a las dudas sobre la compra de balizas por parte de administraciones públicas y a posibles diferencias de precio respecto al mercado minorista.

También han señalado la confusión generada por mensajes contradictorios, cambios en homologaciones y retirada de algunos dispositivos del listado oficial. Esa pérdida de confianza es una de las grandes sombras de la implantación: muchos conductores compraron balizas con antelación y después comenzaron las dudas sobre qué modelos eran realmente válidos.

La DGT, por su parte, insiste en que los ciudadanos deben comprobar en su web oficial que el modelo elegido está certificado por los organismos autorizados, como IDIADA o LCOE, antes de comprarlo.

La privacidad, otro de los puntos sensibles

Otro de los asuntos que más debate ha generado es la conectividad. Muchos conductores han expresado dudas sobre si la baliza puede servir para geolocalizar al vehículo en todo momento. La DGT lo niega de forma expresa: asegura que la V16 solo transmite la posición cuando se activa por accidente o avería, que no registra la velocidad, que no permite seguimiento permanente y que no envía datos personales ni matrícula.

Este punto es clave para la aceptación social del sistema. La baliza no es solo una luz; es un dispositivo conectado. Y todo lo conectado genera desconfianza si la explicación pública no es clara.

Entre 2.500 y 3.000 activaciones diarias

Navarro también defendió que el sistema ya se está utilizando de forma habitual. Según recogió la información de la comparecencia, la DGT estaría registrando entre 2.500 y 3.000 conexiones diarias de balizas V16 activadas. Además, Tráfico prepara una nueva campaña de normalización antes de la operación salida de verano para reforzar su uso entre los conductores.

Ese dato sirve a la DGT para sostener que la implantación está en marcha y que el sistema ya forma parte de la realidad diaria de la carretera. Para sus críticos, sin embargo, no resuelve los problemas de fondo: homologaciones, precios, dudas jurídicas y sensación de imposición.

Una baliza que ya es mucho más que una baliza

El problema de la V16 es que ha dejado de ser solo un dispositivo de emergencia. Se ha convertido en símbolo de una forma de legislar, comunicar y obligar. Para la DGT, representa modernización, seguridad y reducción de riesgos. Para sus detractores, es una medida precipitada, cara y rodeada de demasiadas zonas grises.

La frase de Pere Navarro contra el PP ha elevado todavía más la temperatura política. Llamar “chivato” a quien acude a Bruselas no cierra el debate; lo amplifica. Y deja una imagen incómoda: una medida de seguridad vial que debería explicarse con pedagogía ha terminado atrapada en una pelea institucional.

La DGT sostiene que no habrá marcha atrás. La oposición insiste en que hay dudas suficientes para seguir presionando. Y mientras tanto, el conductor queda en medio, obligado a comprar una baliza homologada, revisar que esté en el listado oficial y asumir que, al menos por ahora, la V16 ya forma parte de la carretera española.