La DGT habla abiertamente de "crujirte" si vas a 190 km/h
La DGT ha cerrado su última campaña especial de control de velocidad con una cifra que vuelve a retratar la dimensión real del problema en carretera: 78.045 conductores denunciados entre los días 13 y 19 de abril de 2026. Durante esa semana, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil estableció 3.537 puntos de control y verificó la velocidad de 1.256.540 vehículos. El resultado fue que un 6,2% de los conductores controlados circulaba por encima de los límites permitidos, un porcentaje que Tráfico considera estable respecto a campañas anteriores.
La fotografía es incómoda porque no muestra un repunte aislado ni un episodio extraordinario, sino una costumbre demasiado asentada. La campaña confirma que la velocidad sigue siendo una conducta muy extendida y, sobre todo, muy repartida por toda la red viaria. La mayoría de los conductores respetó los límites, sí, pero el volumen absoluto de denuncias sigue siendo lo bastante alto como para que la DGT insista en que el problema está lejos de resolverse.
Las autopistas concentran más denuncias que las carreteras convencionales
Uno de los datos más llamativos de la campaña es el reparto por tipo de vía. De las 78.045 denuncias, 41.772 se formularon en autopistas y autovías, lo que supone el 53,5% del total. En carreteras convencionales se registraron 34.215 denuncias, el 43,8%, mientras que en travesías se tramitaron 2.058 expedientes, un 2,6%. La propia DGT interpreta esta distribución como la confirmación de una tendencia que ya venía observando: el desplazamiento de buena parte de las infracciones hacia las vías rápidas.
Ese reparto importa porque rompe parcialmente con la idea clásica de que el mayor problema de la velocidad está solo en la carretera secundaria. Las vías convencionales siguen siendo críticas por siniestralidad y por gravedad de consecuencias, pero las autopistas y autovías están concentrando cada vez más denuncias. Eso sugiere una confianza creciente del conductor en este tipo de trazados y, con ella, una relajación muy peligrosa respecto al límite legal.
Quince conductores cruzaron la línea del delito
La parte más grave del balance no está en la sanción administrativa, sino en el terreno penal. Durante la campaña, 15 conductores fueron puestos a disposición judicial por superar en más de 80 km/h la velocidad permitida, el umbral que hoy sigue marcando el artículo 379.1 del Código Penal en vía interurbana. La DGT subraya además que esta cifra duplica la registrada hace dos años, un dato que utiliza para insistir en la persistencia de conductas especialmente graves.
El artículo 379.1 castiga como delito la conducción a velocidad superior en 60 km/h a la permitida en vía urbana o en 80 km/h en vía interurbana. Es decir, no estamos hablando aquí de simples excesos de unos pocos kilómetros, sino de velocidades que el legislador ya considera compatibles con una respuesta penal, con penas que pueden incluir multa, trabajos en beneficio de la comunidad o prisión, además de la retirada del derecho a conducir.
La DGT ya habla abiertamente de revisar la norma
Tras presentar estos resultados, Tráfico ha vuelto a defender que la normativa actual debería ser más disuasoria. La nota oficial de la DGT no se queda en la denuncia estadística: plantea expresamente la conveniencia de revisar la regulación porque el exceso de velocidad sigue estando muy presente y porque los casos más extremos continúan produciéndose con una frecuencia que el organismo considera inaceptable.
Ese debate ya no es solo teórico. El Congreso de los Diputados tomó en consideración el 24 de marzo de 2026 una proposición de ley para modificar el artículo 379.1 del Código Penal y rebajar los umbrales a partir de los cuales el exceso de velocidad pasa de infracción administrativa a delito. La propuesta plantea que se considere delito superar en 50 km/h el límite en vías urbanas y en 70 km/h en vías interurbanas, en lugar de los actuales 60 y 80.
Traducido a un ejemplo muy concreto: circular a 190 km/h por una autopista limitada a 120 km/h pasaría a encajar en el terreno penal si esa reforma sale adelante. Hoy, con la redacción vigente, el umbral está algo más arriba. La iniciativa todavía está en tramitación, pero su sola toma en consideración deja claro que el endurecimiento ya está dentro del debate político y jurídico real.
La velocidad sigue siendo uno de los grandes agujeros de la seguridad vial
La campaña no surge en el vacío. La propia DGT lanzó el operativo el 13 de abril dentro de una nueva acción especial de vigilancia, coordinada además con el marco europeo de control de velocidad. El mensaje de partida ya era claro: la velocidad sigue siendo uno de los factores de riesgo más importantes en la siniestralidad vial.
Y eso explica la insistencia de Tráfico. Las multas por velocidad en España no son una rareza marginal: forman parte del núcleo duro de la política sancionadora y preventiva. De hecho, el argumento que acompaña la proposición de reforma penal presentada en el Congreso parte de esa misma idea: que la respuesta actual se ha quedado corta para ciertos excesos y que la protección de los usuarios vulnerables exige una barrera penal más próxima.
Más de 78.000 denuncias dicen mucho más que una simple campaña
La cifra final tiene una lectura incómoda para todos. Para la DGT, porque demuestra que pese a años de radares, campañas, sanciones y mensajes de concienciación, el problema sigue ahí. Para el conductor, porque confirma que muchos siguen interpretando el límite como una referencia blanda y no como una norma. Y para el legislador, porque ofrece argumentos a quienes piden mover la línea del delito unos kilómetros más abajo.
El dato más inquietante quizá no sea ni siquiera el número absoluto de multas. Es que el porcentaje de denunciados se mantiene estable. Es decir, que no estamos ante una anomalía, sino ante una conducta sostenida en el tiempo. En ese contexto, la campaña de abril no parece un episodio aislado, sino otro recordatorio de que el acelerador sigue siendo uno de los grandes puntos ciegos del conductor español.
