La DGT está preocupada... no entiende por qué hacen esto a sus radares
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha encendido las alarmas ante un fenómeno que empieza a repetirse en distintas carreteras españolas: la vandalización de radares. Lo que para algunos puede parecer un acto aislado o incluso “justificado” por la presión de las multas, para Tráfico es un problema serio que afecta directamente a la seguridad vial.
El caso más reciente, como el de la imagen en Orense, vuelve a poner el foco sobre una tendencia que preocupa cada vez más al organismo.
No es una gamberrada: es un delito penal
La DGT no lo considera una simple infracción administrativa. Dañar o inutilizar un radar es un delito de daños tipificado en el Código Penal, con consecuencias mucho más duras de lo que muchos creen.
Según el propio organismo, este tipo de actos puede acarrear:
- Penas de prisión de 1 a 3 años
- Multas económicas de 12 a 24 meses
Esto ocurre especialmente cuando se considera que el objetivo es impedir la acción de la autoridad, algo que encaja perfectamente en el caso de los radares, cuyo objetivo es controlar la velocidad y reducir accidentes.
Una tendencia que va en aumento
No se trata de un caso aislado. La propia DGT ya ha investigado varios ataques coordinados contra radares en distintas comunidades autónomas, lo que ha obligado a reforzar la vigilancia e incluso a instalar sistemas adicionales de control.
El problema no es solo económico —cada radar puede costar decenas de miles de euros—, sino también operativo: cuando un radar deja de funcionar, se pierde un elemento clave en la prevención de accidentes, especialmente en tramos peligrosos.
Por qué preocupa tanto a Tráfico
El trasfondo es claro: los radares no están colocados al azar. Forman parte de una estrategia para reducir la velocidad en puntos donde hay mayor siniestralidad.
De hecho, la DGT sigue ampliando su red con nuevos dispositivos en 2026 precisamente para reforzar el control en carreteras convencionales, donde se producen más accidentes graves.
Cuando estos sistemas son vandalizados, no solo se pierde dinero público: se debilita la capacidad de prevenir accidentes, algo especialmente crítico en un contexto donde la siniestralidad sigue siendo una preocupación constante.
El error de percepción: no es “evitar multas”
Existe una idea equivocada detrás de muchos de estos actos: pensar que destruir un radar es una forma de evitar sanciones. Sin embargo, la realidad es justo la contraria.
Mientras que una multa por velocidad puede oscilar entre 100 y 600 euros según la gravedad , dañar un radar puede suponer consecuencias penales mucho más severas, incluyendo antecedentes y penas de prisión.
Además, la ley también sanciona cualquier intento de interferir con los sistemas de vigilancia, incluso sin destruirlos, como ocurre con los inhibidores, que pueden acarrear multas de hasta 6.000 euros y pérdida de puntos.
Un problema que va más allá del dinero
El mensaje de la DGT es claro: esto no va de recaudación, sino de seguridad. Los radares están diseñados para reducir la velocidad en puntos críticos, y su destrucción aumenta el riesgo en carretera.
El caso de Orense es solo un ejemplo más de una tendencia que empieza a preocupar seriamente a Tráfico. Y la advertencia es directa: quien lo haga no se enfrenta a una multa de tráfico, sino a un delito con consecuencias penales reales.
Porque, al final, el radar no es el enemigo. El verdadero problema sigue siendo la velocidad.
