Pere Navarro cabrea a los fabricantes de la baliza V16: "Nos ha llevado a la quiebra"
La implantación de la baliza V16 conectada se ha convertido en uno de los frentes más delicados de la seguridad vial en España. Lo que nació como una medida para sustituir a los triángulos de emergencia y evitar que los conductores salieran del vehículo en plena carretera ha derivado en una batalla entre parte de la industria y la Dirección General de Tráfico. Los fabricantes denuncian que la falta de información clara, los mensajes contradictorios y la incertidumbre sobre las sanciones han frenado la demanda y han dejado a varias empresas en una situación financiera comprometida.
Una obligación que sustituyó definitivamente a los triángulos
Desde el 1 de enero de 2026, la V16 conectada es el único dispositivo legal para señalizar vehículos inmovilizados por avería o accidente en carretera. Así lo mantiene la propia DGT, que recuerda que las balizas no conectadas dejaron de ser válidas desde esa fecha y que solo sirven los modelos certificados publicados por el organismo.
El argumento oficial es claro: reducir el riesgo de atropello. Tráfico sostiene que cada año mueren en España alrededor de 25 personas atropelladas tras bajarse del vehículo, muchas de ellas al intentar colocar los triángulos. La baliza V16, al instalarse sobre el techo sin abandonar el habitáculo, busca eliminar ese momento de máxima exposición al tráfico.
Los fabricantes acusan a la DGT de enfriar el mercado
El problema, según el sector, está en cómo se ha comunicado la transición. Empresas como Netun Solutions, Atressa, Distribuciones Escudero Fijo, Turisport, Erum Vial, Hella, Osram y Onexus Geo han articulado un grupo de trabajo para trasladar sus quejas al Gobierno. Su diagnóstico es que la falta de una comunicación pública homogénea ha debilitado la percepción de obligatoriedad entre los conductores y ha provocado una caída de ventas justo cuando el mercado debía despegar.
La crítica va más allá de una simple campaña informativa. Los fabricantes sostienen que muchos ciudadanos no saben todavía qué dispositivo deben comprar, qué modelos están homologados, si las balizas antiguas sirven o no, y qué ocurre si se circula sin una V16 conectada. En un mercado construido sobre una obligación legal, cualquier duda tiene impacto inmediato en la caja.
El preconcurso que enciende todas las alarmas
El caso más sensible es el de Netun Solutions SL, compañía vinculada al desarrollo inicial de la baliza, que ha entrado en preconcurso de acreedores pese a haber recibido más de 2,2 millones de euros en ayudas públicas en los últimos años, según la información publicada sobre la empresa. La situación se atribuye a unas ventas inferiores a las previstas y a una demanda que no habría respondido al ritmo esperado tras la entrada en vigor de la obligación.
El dato es relevante porque muchas compañías del sector hicieron fuertes inversiones en desarrollo, producción, homologación, stock y conectividad. El calendario regulatorio hacía prever una demanda masiva, pero el mercado se ha encontrado con un consumidor más dubitativo de lo esperado. Para una empresa industrial, fabricar antes de vender puede ser una apuesta rentable si la norma empuja la compra. Si la norma existe, pero el ciudadano no la percibe como urgente, el riesgo se convierte en inventario parado.
La batalla de fondo está en las multas
Los fabricantes piden ahora claridad sobre las sanciones. No solo quieren que se explique mejor la obligatoriedad, sino que también se aplique el régimen sancionador a quienes no lleven la baliza. La DGT ya ha señalado que no portar la V16 constituye una infracción leve con sanción de 80 euros, la misma cuantía que se aplicaba por no llevar los triángulos.
Esa cifra desmonta los bulos sobre multas desproporcionadas, pero también coloca a Tráfico ante una decisión incómoda: informar, advertir o sancionar de forma más visible. Para el sector, la falta de multas o de mensajes contundentes alimenta la idea de que la obligación no es real o de que existe una especie de moratoria de facto. Para los conductores, en cambio, el problema es que muchos todavía perciben la norma como confusa, precipitada o mal explicada.
Qué exige realmente la normativa
La normativa no se limita a una luz amarilla sobre el techo. La V16 válida debe estar conectada, contar con capacidad de transmisión a la plataforma de vehículo conectado de la DGT, cumplir los requisitos técnicos y haber superado el proceso de certificación correspondiente. El BOE recoge que la certificación debe incluir tanto la conectividad como la capacidad de comunicación con la plataforma de Tráfico.
Además, la conectividad debe estar incluida durante al menos 12 años, sin que el usuario tenga que pagar una cuota adicional. La propia DGT insiste en que el dispositivo solo transmite la ubicación cuando se activa y que los datos son anonimizados.
Un negocio atrapado entre seguridad vial y desconfianza
La baliza V16 se encuentra ahora en un punto delicado. Desde el punto de vista de la seguridad vial, la lógica es sencilla: evitar que el conductor salga del coche en una autovía o carretera convencional. Desde el punto de vista económico, el escenario es mucho más incómodo: empresas que invirtieron con una demanda prevista muy alta, ciudadanos que han retrasado la compra y una administración que intenta defender la norma sin convertir la implantación en una crisis reputacional.
La paradoja es evidente. La medida es obligatoria, pero una parte del mercado actúa como si no lo fuera. Los fabricantes quieren que la DGT hable más claro y que las sanciones refuercen el cumplimiento. Tráfico, por su parte, insiste en que el cambio no tiene marcha atrás y en que la clave es comprar únicamente modelos certificados. Entre ambos mensajes queda el conductor, que necesita una respuesta simple: desde 2026 debe llevar una baliza V16 conectada y homologada, porque los triángulos ya no son el sistema válido para señalizar una emergencia en carretera.
