Le pregunta a un exguardia civil dónde va el dinero que "recauda" la DGT y responde: "Hacienda tampoco lo sabe"
Hay debates sobre la DGT que duran un par de días y se apagan. Y luego están los que vuelven una y otra vez porque tocan una fibra especialmente sensible: el dinero que sale del bolsillo del conductor. Multas, tasas, ITV, trámites… la maquinaria recaudatoria de Tráfico forma parte de la vida cotidiana de millones de españoles. Por eso ha tenido tanto eco la entrevista en la que JF Calero conversa con el ex guardia civil Juan Carlos Toribio, que lanza una acusación demoledora: que ni siquiera Hacienda sabe realmente dónde acaba una parte relevante del dinero de la DGT. Su frase es rotunda, pero la clave está en otra parte: qué dicen de verdad las auditorías oficiales del Estado sobre las cuentas de la Jefatura Central de Tráfico.
Lo que dice Toribio y por qué el asunto no nace de la nada
En la entrevista, Toribio sostiene que el destino de parte del dinero recaudado por la DGT no está claro y que las auditorías del Estado llevan años señalando fallos graves en las cuentas del organismo. Su intervención no llega de la nada ni se apoya solo en una opinión política o emocional: conecta con una cadena de informes y publicaciones oficiales que efectivamente muestran que las cuentas de la Jefatura Central de Tráfico han recibido reparos muy serios en distintos ejercicios.
Ahora bien, conviene separar dos planos. Uno es el de la denuncia pública de Toribio, con su interpretación de esas auditorías. Otro, el de los documentos oficiales. Y ahí el panorama ya es suficientemente duro incluso sin inflamarlo: el Estado ha emitido opiniones desfavorables sobre las cuentas de la DGT, ha detectado deficiencias graves de control interno y ha advertido de la imposibilidad de verificar correctamente partidas muy relevantes.
Las cuentas de la DGT sí han recibido auditorías muy duras
No es una impresión subjetiva. La IGAE emitió una opinión desfavorable sobre las cuentas de 2019 de la DGT, al considerar que “no expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad”. Además, el informe advertía de que la memoria de las cuentas anuales adolecía de falta de claridad, errores y omisiones.
Ese no fue un episodio aislado. En la documentación oficial más reciente que resume la Cuenta General del Estado, la Jefatura Central de Tráfico vuelve a aparecer con opinión desfavorable. El documento publicado en el BOE en diciembre de 2025 recoge que, “al igual que en años anteriores”, el auditor no puede opinar sobre un porcentaje relevante del activo del balance por falta de información y documentación suficiente que soporte el valor contabilizado del inmovilizado, y añade que esto comporta riesgos relevantes tanto para la custodia de los activos como para su protección jurídica.
Es decir, el problema no es solo político ni mediático. Está documentado en los sistemas oficiales de control del Estado.
El gran agujero contable: activos sin soporte suficiente
Uno de los puntos más delicados de las auditorías está en el inmovilizado, es decir, en una parte del patrimonio de la DGT. En la auditoría sobre 2019, Hacienda señalaba que un porcentaje muy significativo del importe contabilizado correspondía a bienes que o bien no estaban inventariados o bien figuraban en inventario, pero sin soporte documental verificable de las cifras contabilizadas. En ese ejercicio, ese porcentaje ascendía al 92,29%.
Más adelante, el resumen oficial publicado en el BOE sobre ejercicios posteriores rebaja ese porcentaje al 51,7% para 2022, pero sigue dejando una imagen igualmente inquietante: el auditor no puede opinar sobre una parte muy relevante del activo del balance por falta de información suficiente. Ese detalle es importante porque conecta directamente con una de las ideas que repite Toribio en la entrevista: que sigue habiendo cientos de millones cuyo soporte contable no está bien acreditado. La cifra exacta que él maneja es su interpretación, pero el hecho básico de que una parte muy significativa del activo no esté adecuadamente soportada sí aparece en los documentos públicos.
La ITV, otro de los puntos negros que llevan años apareciendo
Si hay un área donde las auditorías han sido especialmente duras, es la de las tasas por ITV. En el informe sobre 2019, la IGAE dejó por escrito que, debido a la inconsistencia y falta de fiabilidad de la información, no había sido posible verificar que la recaudación de 84.971.765,88 euros en concepto de tasa por ITV se correspondiera con las inspecciones realmente efectuadas.
Y el lenguaje no se quedó ahí. El informe añadía que la falta de control y la inexistencia de información fiable y consistente generaban un “grave riesgo de fraude”, con posible menoscabo de fondos públicos si no se estuviera ingresando en las cuentas de Tráfico todo lo que correspondía conforme a la normativa. Eso no significa que se haya probado un fraude concreto, pero sí que el auditor oficial del Estado consideró que el riesgo era lo bastante serio como para dejarlo negro sobre blanco.
En el resumen más reciente de la Cuenta General del Estado, el problema sigue vivo: el auditor vuelve a señalar una limitación al alcance por falta de control sobre las ITV, con la consiguiente imposibilidad de determinar si los ingresos recaudados por esas tasas fueron ingresados en su totalidad en la tesorería del organismo.
También hay reparos sobre cómo se contabilizan las sanciones
El otro gran bloque que alimenta este debate está en las multas. La auditoría de 2019 advertía de que la DGT no reconocía en contabilidad los ingresos derivados de sanciones cuando dichas sanciones eran firmes, y explicaba que, si el organismo hubiera seguido el criterio del Plan General de Contabilidad Pública, el impacto en la cuenta del resultado económico-patrimonial habría sido muy distinto.
Eso no significa automáticamente que el dinero haya desaparecido ni que exista una apropiación indebida acreditada. Significa algo distinto, pero muy serio: que la forma en que la DGT estaba reflejando esos ingresos no se ajustaba al criterio contable que los auditores consideraban correcto. Y cuando eso ocurre de manera reiterada en un organismo que maneja cientos de millones, la desconfianza se multiplica.
De BOE a registros públicos: las cuentas siguen siendo accesibles, pero el debate no se ha apagado
En la entrevista, Toribio sostiene que, cuando empezaron a denunciar el contenido de las auditorías, lo que cambió no fue tanto la calidad de las cuentas como la visibilidad de su publicación. Aquí conviene matizar. Las cuentas anuales y los informes de auditoría del sector público estatal siguen publicándose en canales oficiales, especialmente a través del Registro de cuentas anuales del sector público de la IGAE y del Portal de Transparencia. De hecho, el Portal de Transparencia enlaza expresamente a la cuenta de la Jefatura Central de Tráfico para distintos ejercicios.
Eso sí, el cambio de canal puede haber reducido la visibilidad pública respecto a cuando determinados resúmenes aparecían con más protagonismo en el BOE, y ahí está una parte del malestar que expresa Toribio. Pero lo esencial es esto: los documentos oficiales existen, son públicos y contienen reparos muy duros.
La clave no es si falta dinero “en una caja”, sino si las cuentas ofrecen confianza
Aquí está el matiz más importante de todo el debate. Decir que “no se sabe dónde está el dinero” es una frase muy potente, pero puede llevar a una lectura equivocada si se interpreta como una prueba cerrada de desaparición física del dinero o de un delito acreditado. Las auditorías oficiales lo que reflejan es otra cosa: falta de documentación suficiente, insuficiencias de control, riesgo de fraude, problemas de inventario, dudas sobre tasas de ITV y defectos contables en el reconocimiento de ingresos por sanciones.
Y eso ya es gravísimo por sí mismo. Porque en un organismo público no hace falta demostrar un agujero de caja para que exista un problema mayúsculo. Basta con que las cuentas no ofrezcan seguridad razonable, que el auditor no pueda verificarlas correctamente y que el Estado mantenga durante años una opinión desfavorable sobre la información económica del organismo.
El debate que más molesta al conductor sigue abierto
La fuerza de la entrevista de Calero a Toribio está en que traduce un problema contable complejo a una pregunta que entiende cualquiera que pague una multa o una tasa: si el dinero sale de mi bolsillo, quién controla de verdad a dónde va. Y lo incómodo es que las auditorías oficiales no permiten dar una respuesta tranquilizadora. No avalan la versión más explosiva en todos sus extremos, pero sí dejan claro que la DGT arrastra desde hace años problemas serios de contabilidad, control interno y justificación patrimonial.
Ese es el verdadero núcleo del asunto. No si una frase suena más dura o más suave, sino que el organismo que más cerca está del bolsillo del conductor español sigue dejando demasiadas preguntas abiertas cada vez que sus cuentas pasan por el filtro del Estado.
