Los radares de la DGT recaudaron un pastizal indecente en 2025
Los radares de la Dirección General de Tráfico generaron durante 2025 sanciones por valor de 246,8 millones de euros, un 14 % más que el año anterior. AEA critica que la mayoría de los dispositivos más activos están instalados en autopistas y autovías, mientras que el 70 % de los accidentes con víctimas se produce en carreteras secundarias.
Los radares de la DGT volvieron a batir todos los registros durante 2025. Los dispositivos de control de velocidad instalados en las carreteras españolas generaron multas por un importe total de 246.802.934 euros, según un informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
La cifra supone un incremento del 14 % respecto al año anterior y confirma el creciente peso que tienen las sanciones por exceso de velocidad dentro de los ingresos obtenidos por la Dirección General de Tráfico.
Según los datos recopilados por la asociación, las multas relacionadas con los radares representan ya el 41,5 % de todos los ingresos procedentes de sanciones de tráfico, sin incluir los expedientes tramitados en Cataluña y el País Vasco, territorios que tienen transferidas las competencias en esta materia.
Los nuevos radares disparan la recaudación
AEA considera que este aumento no responde necesariamente a un empeoramiento generalizado del comportamiento de los conductores, sino a la puesta en funcionamiento de nuevos radares en puntos estratégicos.
La organización sostiene que la maquinaria sancionadora se ha vuelto cada vez más eficaz, hasta el punto de que un reducido número de dispositivos concentra una parte muy importante de las denuncias.
De los más de 1.000 radares desplegados por la DGT, solamente 50 dispositivos formularon 1.342.285 denuncias durante el año.
Es decir, una pequeña parte de los cinemómetros instalados en España concentra buena parte de la actividad sancionadora y del impacto económico de las multas por exceso de velocidad.
Valencia, Madrid y Cádiz lideran las sanciones
Las provincias que más ingresos generaron mediante los radares fueron Valencia, Madrid y Cádiz.
En Valencia, las sanciones alcanzaron los 18,9 millones de euros, mientras que en Madrid ascendieron a 17,9 millones. Cádiz completó el podio con alrededor de 16,5 millones de euros.
En el extremo contrario aparecen provincias con una actividad sancionadora notablemente inferior.
Los radares de Ourense generaron aproximadamente 1,3 millones de euros, los de Cáceres se quedaron en 1,6 millones y los de Salamanca alcanzaron 1,8 millones.
Estas diferencias no solo dependen del número de radares instalados, sino también de la intensidad del tráfico, la ubicación de los dispositivos y los límites de velocidad establecidos en cada tramo.
Este es el radar que más multas pone en España
El radar más activo del país se encuentra en el kilómetro 326 de la A-7, a la altura de La Canyada, en Valencia.
Este dispositivo formuló nada menos que 90.766 denuncias, convirtiéndose en el radar que más conductores sancionó durante todo el año.
En segunda posición aparece otro cinemómetro situado en la Comunidad Valenciana. Se encuentra en el kilómetro 7 de la CV-905, en Alicante, y registró 72.557 multas.
También destacan por su elevada actividad el radar instalado en el kilómetro 127 de la A-15, en Navarra, y el dispositivo del kilómetro 968 de la A-7, en Málaga.
Son radares que cada año acumulan decenas de miles de expedientes y que se han convertido en puntos especialmente conocidos entre los conductores habituales de estas vías.
AEA cuestiona dónde se colocan los radares
El principal reproche de Automovilistas Europeos Asociados no se dirige a la existencia de controles de velocidad, sino a los criterios utilizados para decidir su ubicación.
La asociación denuncia que muchos de los radares con mayor número de multas están instalados en autopistas y autovías, carreteras que suelen disponer de mejores condiciones de seguridad, separación física entre sentidos de circulación y menor número de cruces.
Sin embargo, aproximadamente el 70 % de los accidentes con víctimas se produce en carreteras secundarias, donde existen más adelantamientos, intersecciones, curvas, accesos laterales y tramos sin separación entre ambos sentidos.
Para AEA, esta situación genera dudas sobre si la política de radares está priorizando realmente la reducción de los accidentes o si se está centrando en aquellos lugares donde resulta más sencillo detectar grandes cantidades de infracciones.
“Meros instrumentos de recaudación”
El presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha pedido a la DGT que revise su estrategia de control de velocidad.
Arnaldo considera que el elevado número de sanciones demuestra que la actual política de radares no está consiguiendo eliminar los excesos de velocidad ni reducir suficientemente los accidentes.
A su juicio, la concentración de denuncias en autopistas y autovías puede provocar que los conductores perciban estos dispositivos como “meros instrumentos de recaudación” y no como herramientas destinadas a mejorar la seguridad vial.
La DGT defiende habitualmente que los controles de velocidad buscan reducir la siniestralidad y modificar el comportamiento de los conductores. No obstante, el récord de casi 247 millones de euros en multas vuelve a abrir el debate sobre dónde deben instalarse los radares y cuáles deberían ser los criterios utilizados para medir su eficacia.
Porque un radar que pone miles de multas puede ser extraordinariamente rentable, pero eso no significa necesariamente que esté situado en el punto donde más vidas podría salvar.
